Se trata de Héctor Andrés Storniolo, quien estaba preso en el Servicio Penitenciario desde que estalló el escándalo. La medida fue concedida por los próximos 6 meses y, además, la fiscalía amplió la imputación por estafa reiterada a su esposa, en calidad de coautora.

El juez de Garantías, Gerardo Fernández Caussi, a pedido del Ministerio Público, resolvió la inhibición de bienes de los acusados y trabó el embargo de un inmueble de su propiedad para garantizar el curso de la investigación.
Según la imputación, los imputados se comprometían a entregar los lotes en un plazo de 6 a 18 meses, que se harían las transferencias legales de las propiedades y los proveerían de todos los servicios de urbanización. Sin embargo, entre algunas otras irregularidades, en uno de los loteos ni siquiera habían comprado definitivamente los terrenos y todavía estaban a nombre de sus dueños originales.
La denuncia también advierte que un mismo terreno fue vendido a varias personas; algo que se repitió en múltiples casos. Hubo proyectos inmobiliarios que ni siquiera arrancaron y otros quedaron a medias, sin la urbanización, sin los servicios básicos y sin la aprobación de los respectivos planos. Es por ello que se estima que ganaron alrededor de 300 millones pesos con la venta de lotes.
La semana pasada, Juan Mauricio Gallerano, llegó a una conciliación con los damnificados de tres loteos, dos ubicados en Pocito y otro en Rivadavia. En efecto, se suspendieron los plazos para quien se comprometió a entregar los terrenos como corresponde y, en caso de cumplir con la obligación asumida, quedará desvinculado de la acción penal.
Fuente: Diario Tiempo de San Juan
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