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Por Redacción By EstasInformado.com.ar
La Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública acelera las investigaciones administrativas por la compra de equipamiento informático en 2023 y el faltante de pistolas reglamentarias. Hay tres efectivos bajo la lupa en el primer expediente y entre 25 y 30 policías alcanzados por la investigación sobre el armamento.
La Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública de San Juan avanza con dos investigaciones administrativas por presuntas irregularidades dentro de la Policía provincial. Los expedientes buscan determinar responsabilidades en la adquisición de equipamiento informático que no habría cumplido con las especificaciones originales y en la desaparición de más de un centenar de armas reglamentarias.
Ambas actuaciones están a cargo del organismo encabezado por Damián Villavicencio y se desarrollan en paralelo a las investigaciones judiciales. El objetivo es establecer si hubo responsabilidades disciplinarias entre los integrantes de la fuerza y, en caso de corresponder, aplicar las sanciones previstas en el régimen policial.
Computadoras, impresoras y tablets bajo investigación
El primero de los expedientes se originó en una compra realizada en mayo de 2023, durante la gestión del entonces jefe de Policía, Luis Martínez, y del exsecretario de Seguridad, Carlos Munisaga. La operación demandó una inversión de 90 millones de pesos provenientes de fondos nacionales destinados al fortalecimiento tecnológico.
Según la documentación, la adquisición contemplaba 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets. Sin embargo, durante un relevamiento realizado al inicio de la gestión del gobernador Marcelo Orrego, se detectó que los equipos figuraban incorporados al patrimonio policial, aunque no habían sido encontrados en los destinos donde debían estar asignados.
En diálogo con Radio Sarmiento, Villavicencio explicó cómo se detectó la irregularidad.
“Después de un relevamiento al momento de asumir la gestión del gobernador Marcelo Orrego, se detectó que dichas compras no habían llegado a la provincia, no habían sido incorporadas; es decir, en papeles habían sido incorporadas al patrimonio, pero realmente no estaban en los lugares donde había informes de que habían sido asignadas”, señaló el funcionario.
La situación derivó en una denuncia judicial. Posteriormente, el proveedor informó que los equipos se encontraban en un galpón o domicilio, lo que motivó un procedimiento para verificar su existencia.
No obstante, el hallazgo abrió nuevos interrogantes. De acuerdo con Villavicencio, inicialmente se constataron los bultos, pero las pericias posteriores determinaron que los aparatos encontrados no coincidían con las características técnicas de los equipos adquiridos.
“Sorpresivamente apareció el proveedor comunicando que las computadoras estaban en un destino, en un galpón, en un domicilio. Se inició un procedimiento, se constató la existencia de esas computadoras, se constataron solamente los bultos, pero después de haber realizado pericias correspondientes se determinó que no eran las computadoras que habían sido adquiridas”, precisó.
Tres policías serán citados en el sumario administrativo
En esta investigación administrativa, las actuaciones apuntan inicialmente a tres efectivos que integraron la junta encargada de recibir el equipamiento: el comisario mayor retirado Santoni y los agentes Valverde y González.
Santoni pasó a retiro a fines del año pasado, mientras que los otros dos efectivos continúan en actividad, aunque fueron reubicados de sus funciones originales.
Villavicencio anticipó que los tres serían convocados a declarar una vez que se complete la documentación necesaria y se incorporen los dictámenes de Asesoría Letrada.
“Entiendo que en una o dos semanas más seguramente ya van a ser citados a declarar como imputados en el sumario administrativo”, sostuvo el subsecretario.
El funcionario también aclaró que el organismo tiene competencia para investigar presuntas faltas o delitos atribuidos a policías, tanto en actividad como en situación de retiro.
En cuanto a la eventual participación de exautoridades, Villavicencio indicó que el exjefe de Policía Luis Martínez y el exsecretario de Seguridad Carlos Munisaga no están imputados en este sumario administrativo. Sin embargo, no descartó que puedan ser convocados como testigos si la investigación lo considera necesario.
El análisis también podría extenderse a otros integrantes de la fuerza que hayan intervenido en las distintas etapas del procedimiento de compra, con el propósito de reconstruir el circuito administrativo y determinar cómo se produjo la irregularidad.
Más de 100 pistolas desaparecidas de la División Armamento
El segundo expediente investiga un faltante de armas de fuego reglamentarias en la División Armamento de la Policía de San Juan. Las pistolas formaban parte de un lote de 500 unidades adquirido en agosto de 2022.
La ausencia del armamento fue detectada durante una auditoría interna. A partir de ese hallazgo, la Jefatura de Policía presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales, mientras que la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión abrió el correspondiente sumario administrativo.
Por el momento, la cantidad exacta de armas desaparecidas no está determinada, aunque Villavicencio confirmó que el faltante supera las 100 unidades.
“Se ha detectado un faltante. El número no está determinado todavía, pero está determinado el faltante. Es un número considerable, un número importante de más de 100 armas”, afirmó.
El funcionario explicó que la investigación penal recibió documentación sobre el relevamiento realizado y la nómina del personal que estuvo asignado a la División Armamento desde la adquisición del lote.
A diferencia del expediente por los equipos informáticos, en este caso todavía no hay efectivos individualizados como responsables dentro del sumario administrativo. La actuación está caratulada con responsables a determinar y comprende a entre 25 y 30 policías que cumplieron funciones vinculadas con el depósito y la custodia del armamento durante los últimos años.
La investigación deberá establecer en qué momento se produjo el faltante, cómo se desarrollaron los controles y si existieron fallas o responsabilidades individuales en la cadena de custodia.
Qué sanciones podrían aplicarse
Las dos investigaciones administrativas buscan determinar si existieron conductas que deban ser sancionadas conforme al régimen disciplinario de la Policía de San Juan.
Las eventuales medidas pueden incluir suspensiones, cesantías o exoneraciones, según la gravedad de las faltas que lleguen a comprobarse y las disposiciones aplicables.
Desde la Subsecretaría señalaron que, si se acreditan conductas dolosas o negligencia grave, se evaluarán las sanciones correspondientes. De todos modos, las responsabilidades administrativas deberán establecerse en sus respectivos procedimientos y son independientes de las conclusiones a las que arriben las causas penales.
Mientras avanzan las actuaciones, los dos expedientes mantienen bajo análisis el manejo de recursos públicos y los mecanismos de control interno de la fuerza provincial. En uno de ellos, la investigación se concentra en las condiciones de recepción de una compra millonaria; en el otro, en la desaparición de armas reglamentarias cuyo número definitivo todavía debe establecerse.
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