El boleto vuelve a subir en San Juan: después del paro, las explicaciones oficiales y una factura que otra vez pagan los usuarios

Por Redacción By estasInformado.com.ar

El Gobierno provincial anunció un nuevo cuadro tarifario para el transporte público. El boleto de primera sección pasará de $1.300 a $1.530, mientras que viajar a algunos departamentos del interior superará los $42.000. La decisión llega después de un conflicto salarial que dejó a miles de sanjuaninos sin colectivos durante casi dos jornadas y de las explicaciones del secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, sobre los costos del sistema.

Primero fue el reclamo de los choferes, después la pulseada entre UTA y ATAP, la intervención del Gobierno y las declaraciones que buscaban despegar a la administración provincial de las exigencias empresariales. Ahora llegó el nuevo tarifazo. La pregunta vuelve a instalarse: ¿quién termina pagando los costos de un sistema que siempre parece estar al borde del conflicto? Los usuarios, una vez más, quedan en el medio.

La historia del transporte público de pasajeros en San Juan suma un nuevo capítulo y, como suele suceder, la noticia vuelve a tener como protagonista al bolsillo de los usuarios. Este sábado 31 de octubre, el Gobierno provincial difundió oficialmente los nuevos valores del boleto de colectivos. La actualización todavía no tiene fecha de aplicación, pero ya anticipa cuánto costará trasladarse por la provincia cuando el sistema SUBE complete los cambios correspondientes.

El boleto de primera sección pasará de los actuales $1.300 a $1.530. Son $230 más por viaje, una suba cercana al 17,7%. Sin embargo, el impacto será considerablemente mayor para quienes viven en departamentos alejados del Gran San Juan, donde algunos recorridos superarán ampliamente los $40.000.

La comunicación oficial llega después de semanas de tensión en el sistema de transporte, con un conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) que terminó afectando seriamente a miles de sanjuaninos.

Del conflicto salarial al nuevo aumento

A comienzos de octubre, los usuarios padecieron durante casi 48 horas las consecuencias de una medida de fuerza de los choferes nucleados en UTA. Las unidades dejaron de circular con normalidad y miles de trabajadores, estudiantes y pasajeros quedaron obligados a buscar alternativas para llegar a sus destinos.

El conflicto tenía como trasfondo el incumplimiento de compromisos salariales. Las empresas argumentaban dificultades financieras para afrontar los incrementos acordados, mientras que el gremio reclamaba que se respetara la escala salarial.

La situación escaló hasta que intervino la Justicia, que ordenó restablecer el servicio. Finalmente, el 8 de octubre se alcanzó un entendimiento entre las partes, con compromisos de pago y negociaciones posteriores. El conflicto volvió a mostrar hasta qué punto el funcionamiento del transporte público puede quedar condicionado por una disputa entre empresarios y trabajadores.

Pero en medio de aquella crisis también quedó instalada otra discusión: el financiamiento del sistema y el papel que debía asumir el Gobierno provincial.

Molina había puesto límites al pedido empresario

Uno de los protagonistas de aquella discusión fue el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina. El funcionario había salido a responder al planteo de ATAP, que pretendía llevar el boleto de primera sección de $1.300 a $1.550, un incremento del 19,23%.

En declaraciones públicas del 20 de octubre, Molina sostuvo que los aumentos de costos no se trasladan automáticamente a la tarifa. Incluso remarcó que no necesariamente todo el porcentaje reclamado por los empresarios debía terminar incorporándose al precio que pagan los pasajeros.

También señaló que el pedido debía ser analizado por los equipos técnicos y que todavía no existía una fecha definida para resolverlo.

Ahora, apenas once días después de aquellas declaraciones, el Gobierno comunicó una nueva tarifa de $1.530. Es decir, $20 menos que el valor solicitado por ATAP, pero $230 por encima del boleto que hasta ahora pagan los usuarios.

La diferencia entre el pedido empresario y el valor finalmente anunciado es de apenas un 1,3%. La pregunta inevitable es cuánto pesaron las evaluaciones técnicas y cuánto terminó cediendo el Gobierno frente al planteo del sector empresario.

Las sospechas que dejó el conflicto

Durante los días de mayor tensión también circularon cuestionamientos y versiones sobre un posible entendimiento entre UTA y ATAP para presionar al Gobierno provincial y conseguir que el Estado terminara aportando los recursos que las empresas no estaban dispuestas a poner de sus propios ingresos para afrontar las obligaciones salariales.

No existe, con la información disponible, una prueba pública que permita afirmar que hubo un acuerdo de esa naturaleza. Sin embargo, la discusión sobre quién debía financiar los aumentos salariales y cómo se distribuirían los costos del sistema quedó expuesta durante todo el conflicto.

La intervención provincial fue decisiva para destrabar la situación. Y ahora, con el nuevo cuadro tarifario sobre la mesa, vuelve a aparecer el interrogante sobre quién absorbe finalmente las consecuencias económicas de esas negociaciones.

Porque mientras empresarios y gremialistas discuten costos, salarios y compromisos, el pasajero no participa de las reuniones, no firma las actas y tampoco tiene margen para negociar el precio del viaje.

Los nuevos valores: viajar al interior costará mucho más

El nuevo esquema difundido por la Secretaría de Tránsito y Transporte establece los siguientes valores:

Los números muestran una brecha importante entre los recorridos urbanos y los viajes hacia los departamentos más alejados. Para los pasajeros de Iglesia y Calingasta, por ejemplo, el valor anunciado supera los $42.800.

Todavía no hay fecha para pagar el nuevo boleto

Desde el Gobierno aclararon que los nuevos valores todavía no están vigentes. La implementación dependerá de que el sistema SUBE complete la actualización correspondiente, de acuerdo con sus tiempos operativos.

Hasta que eso ocurra, continuarán rigiendo las tarifas actuales. La fecha de entrada en vigencia será comunicada oportunamente.

Mientras tanto, queda una discusión que excede los números del nuevo cuadro tarifario. Después de un conflicto que dejó a la provincia prácticamente sin colectivos, de los reclamos salariales, de las dificultades financieras expuestas por los empresarios y de las explicaciones oficiales sobre los costos, los sanjuaninos vuelven a encontrarse con una certeza: el transporte aumenta.

Y la pregunta que sigue sin una respuesta suficientemente clara es quién controla los costos, quién asume las responsabilidades y hasta dónde llegará el bolsillo de quienes dependen del colectivo todos los días.