Por Redacción de EstasInformado.com.ar
La Fiscalía de Estado ya es querellante y activó una investigación propia mientras se analizan pruebas sensibles. Sebastián Dávila confirmó que el caso es “complejo y voluminoso” y dejó una advertencia que sacude el tablero político: si se comprueba el uso de materiales inadecuados, podría configurarse un delito grave.

Con peritajes en marcha, documentación bajo resguardo y la lupa puesta sobre toda la cadena de la obra, el expediente del Acueducto Gran Tulum entra en una fase crítica. Crecen las sospechas de irregularidades, posibles hechos de corrupción y un escenario que podría comprometer a exfuncionarios.
En un giro que eleva la tensión política en San Juan, la investigación por el Acueducto Gran Tulum sumó un actor de peso: la Fiscalía de Estado se constituyó formalmente como querellante y ya despliega una estrategia propia para analizar la documentación acumulada en la causa.
La confirmación llegó de la voz del fiscal de Estado, Sebastián Dávila, quien eligió la cautela pero dejó definiciones que retumban en el ámbito político y judicial. Sin anticipar conclusiones, admitió que el expediente encierra una complejidad inusual y que el volumen de pruebas obliga a un abordaje técnico exhaustivo.
Una investigación paralela que incomoda
Lejos de limitarse a acompañar a los fiscales, la Provincia avanzó con un esquema de trabajo independiente, aunque coordinado. El análisis se estructura por etapas, revisando desde la adjudicación de la obra hasta su ejecución final, con equipos técnicos especializados en cada tramo.
“Es un trabajo técnico, voluminoso y que requiere tiempo. No es una causa común”, advirtió Dávila, marcando el tono de un proceso que promete ser largo, pero con derivaciones de alto impacto.
El informe que encendió la mecha
Uno de los puntos neurálgicos del expediente es el informe que disparó las alertas y que hoy está en manos de la Oficina de Servicios de Investigación (OSI) y los fiscales. Sin embargo, el fiscal de Estado fue contundente en su prudencia: se trata de un indicio, no de una prueba concluyente.
La clave, remarcó, estará en la corroboración con peritajes técnicos y evidencia sólida que permita sostener cualquier hipótesis en sede judicial.
Salud pública en riesgo: la advertencia más grave
El dato más explosivo gira en torno a la posible utilización de materiales inadecuados en la obra. De confirmarse, el caso podría escalar a un delito contra la salud pública, una figura de extrema gravedad.
“Atentar contra la salud pública es un delito grave”, lanzó Dávila, sin rodeos, aunque aclaró que aún no es momento de encuadrar jurídicamente los hechos.
La frase, sin embargo, encendió todas las alarmas: no solo por la dimensión técnica del problema, sino por el impacto político que podría derivarse si se comprueba esa línea investigativa.
Pruebas bajo resguardo… pero con sombras del pasado
Ante versiones sobre posible manipulación o pérdida de documentación, el fiscal llevó tranquilidad parcial: la evidencia principal está resguardada. No obstante, dejó abierta una puerta inquietante.
“No quita que en años anteriores haya podido desaparecer algún elemento”, deslizó, sugiriendo que el avance de la causa podría revelar vacíos o irregularidades en etapas previas.
¿Exfuncionarios en la mira?
La pregunta es inevitable: ¿habrá responsabilidades políticas? Dávila evitó anticiparse, pero no cerró ninguna puerta. El alcance de las imputaciones dependerá exclusivamente de lo que arrojen las pruebas.
La definición, aunque técnica, deja latente un escenario de alto voltaje: la posibilidad de que la causa trepe a niveles más altos de la gestión anterior.
Una querella con peso propio
Desde Fiscalía de Estado fueron claros: no solo acompañarán, sino que impulsarán activamente el esclarecimiento del caso. La defensa del patrimonio provincial y de los intereses de los sanjuaninos es el eje de la intervención.
En ese marco, Dávila reconoció que ya manejan información en análisis que podría incorporarse más adelante al expediente, alimentando la expectativa de nuevas revelaciones.
Tiempos largos, impacto inmediato
El fiscal pidió paciencia: la complejidad técnica y el volumen documental anticipan una investigación extensa. Pero dejó una frase que resume el momento: “Los tiempos no son cortos, pero sí son firmes”.
Mientras tanto, la causa del Acueducto Gran Tulum avanza en un terreno cada vez más delicado, donde confluyen sospechas de irregularidades administrativas, posibles hechos de corrupción y un eventual riesgo sanitario.
Un combo explosivo que ya sacude a la política sanjuanina… y que recién empieza.
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