JUDICIALES: «Mauricio Gallerano y Héctor Storniolo, seguirán en el Penal, por la multimillonaria estafa de Barrios Privados»

A la derecha, Juan Mauricio Gallerano// Izquierda, Héctor Andrés Storniolo

En un reciente repaso de su trayectoria como comerciante y emprendedor, Juan Mauricio Gallerano compartió su experiencia en San Juan y otras provincias desde que se graduó como ingeniero agrónomo en 2001. Gallerano, quien se asoció con Héctor Andrés Storniolo en el negocio de desarrollos inmobiliarios a partir de 2019, aportó un terreno de su padre a la firma Tramonto. Sin embargo, aclaró que no tuvo injerencia en las negociaciones ni en la gestión de fondos relacionados con la venta de lotes en tres barrios: Vistas del Sur I, Vistas del Sur II y Acacias Blancas.

A través de su abogado defensor, Franco Montes, Gallerano presentó una propuesta al fiscal coordinador, Eduardo Gallastegui, con el objetivo de garantizar que los clientes obtengan su escritura en un año en uno de los complejos, y de urbanizar otro en un plazo de 20 a 24 meses. Montes enfatizó que los problemas que enfrenta su cliente son de naturaleza contractual y deben ser tratados en la justicia civil. Además, solicitó la libertad de Gallerano, argumentando que sufre de problemas renales crónicos, hipertensión y afecciones cardíacas, lo que justificaría una prisión domiciliaria.

Sin embargo, el juez Gerardo Fernández Caussi decidió rechazar los pedidos de Gallerano y Storniolo, imponiéndoles un mes adicional de prisión preventiva a partir del 2 de diciembre. La Fiscalía había solicitado seis meses de encierro para ambos, citando la complejidad del caso, que ya cuenta con más de 100 denuncias, y el riesgo de fuga o de obstrucción a la investigación.

Storniolo, quien es defendido junto a su esposa Patricia Nacif, enfrenta serias acusaciones, ya que se le vincula con varias empresas, incluyendo Fiesole, Casa Noble y Nido Construcciones, que habían comprometido la venta de 432 lotes en Pocito y Rawson. El fiscal destacó que Storniolo había recibido 394 cheques sin fondos por un total de 255 millones, lo que añade más peso a las sospechas en su contra.

En respuesta a la decisión del juez, los abogados de ambos, Idemi y Montes, apelaron, calificación impuesta.